En respuesta a la Iniciativa Ciudadana Europea a través de "Mi voz, mi elección: por un aborto seguro y accesible”, la Comisión Europea reconoció que los abortos inseguros (alrededor de 483.000 al año en Europa según la OMS) son un problema de salud pública.

La iniciativa, impulsada por más de un millón de ciudadanos europeos, tenía como objetivo establecer un mecanismo de solidaridad financiera para garantizar el acceso al aborto seguro y legal a todas las personas que viven en un país de la UE donde no está disponible o accesible, mediante el desplazamiento a un Estado miembro donde el servicio es legal y la recepción de apoyo financiero. En resumen, la idea era crear un sistema para superar las desigualdades de acceso dentro de la UE. La solicitud se basaba en la observación de que aproximadamente 20 millones de mujeres en Europa carecen de acceso a un aborto seguro debido a las leyes locales, según My Voice, My Choice.

La Comisión ha aclarado que la política sanitaria es responsabilidad principal de los Estados miembros, que deciden de forma autónoma sus propias leyes en la materia., pero confirmó que el apoyo de la UE aún puede prestarse a través del programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Los Estados miembros podrán optar por utilizarlo, de forma voluntaria y de conformidad con su legislación nacional, en particular utilizando o reasignando los recursos disponibles en el marco de sus respectivos programas del FSE+.

El Fondo podría utilizarse para mejorar el acceso de las mujeres a servicios de aborto legalmente disponibles y asequibles. El FSE+ puede apoyar los esfuerzos de los Estados miembros, garantizando al mismo tiempo su autonomía para determinar las condiciones de acceso a un aborto seguro y legal.

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